Este viernes, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en compañía de algunos miembros del gabinete presidencial, dio algunos detalles acerca del envío de 29 narcotraficantes al territorio de Estados Unidos.
De acuerdo con el funcionario federal, el traslado de 29 generadores de violencia a Estados Unidos es un “acto de autoridad sin precedentes”, el cual forma parte de la estrategia nacional de seguridad de parte de ambas naciones.
“La entrega se realizó considerando que las actividades que realizaban representan una amenaza a México y Estados Unidos… El gabinete de seguridad, en estrecha coordinación con la FGR, realizó el traslado de estos objetivos… Es un acto de autoridad sin precedentes, resultado de la política de cero impunidad”.
Entrega de capos, por posible liberación del PJ: Harfuch
A la par, Omar García Harfuch comentó que en esta acción participaron 3 mil 512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República (FGR) y la propia SSPC; además, indicó que en todo momento se apegaron a los protocolos institucionales.
“Estas acciones de custodio y traslado de estas personas se realizaron en apego a los protocolos institucionales y se contó con personal médico y jurídico para garantizar el debido respeto de sus derechos humanos”.
Por otro lado, subrayó que existió un riesgo de que alguno de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose en su proceso de envío derivado de acuerdos con jueces que buscaban favorecerlos, tal como se había hecho en otras ocasiones.
Capos enviados a EU, por solicitud de seguridad nacional: Gertz
En tanto, el fiscal general Alejandro Gertz Manero aclaró que los 29 reos no fueron extraditados, sino entregados al Gobierno de Estados Unidos por razones de seguridad; además, explicó que el procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y del artículo 89 de la Constitución.
Asimismo, pidió evitar especulaciones sobre las penas que podrían enfrentar los detenidos, enfatizando que las sentencias son impuestas únicamente por jueces y no decididas por el Gobierno. Esta declaración surge luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos expuso que seis de los mexicanos podrían recibir la pena de muerte.
“Esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos en razón de las conductas criminales de esas personas en ese país, que coinciden con los procedimientos y los conocimientos que tenemos de las pruebas sobre su conducta… Nada más”.
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